Villajoyosa, a 3 de diciembre de 2007
El informe, revelado hoy, refuerza las tesis de la querella
presentada por el PP
El secretario municipal del Ayuntamiento de Villajoyosa advirtió al concejal de Policía, Marco Antonio Vidal, de que el procedimiento iniciado por este último para el suministro de las motocicletas no cumplía los trámites de legalidad exigidos por los contratos de administraciones públicas.
Lo hizo a través de un escrito. En el documento, el Secretario advierte que el procedimiento para la compra de esas motocicletas por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa está sujeto al Real Decreto 2/2000 de 16 de junio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas (TRLCAP) que se refiere a la compra de bienes muebles.
El Secretario advierte también que el procedimiento de adjudicación debería ser negociado sin publicidad, según regulan varios artículos de la citada ley, solicitando al menos tres ofertas de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato.
El Jefe del Grupo Municipal Popular, Jaime Lloret, ha afirmado que “este documento, hasta ahora desconocido para nosotros, refuerza más las tesis planteadas en la querella presentada ante el Juzgado por cuanto indica que el secretario municipal sí advirtió al concejal de Policía de la existencia de presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación”.
Los concejales del PP de La Vila Joiosa interpusieron el pasado viernes una querella criminal ante el Juzgado de Instrucción de La Vila contra el alcalde Gaspar Lloret, y el edil de Seguridad Ciudadana Marco Antonio Vidal, por una presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.
La querella se fundamenta en la adquisición de dos motocicletas para la Policía Local por encargo del concejal de Seguridad Ciudadana a una mercantil por valor de 25.984 euros, de fecha 15 de octubre. Según consta en la querella, dicha actuación es «a todas luces prevaricadora por carecer del procedimiento administrativo de contratación legalmente establecido y requerido» en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. «Debería haberse tramitado un concurso público o un procedimiento de negociado sin publicidad» dice la querella. Según la denuncia, la actuación administrativa «contó con el conocimiento y coautoría» del alcalde. En la querella se dice que el encargo se hizo «sin previsión o consignación presupuestaria».
La querella dice que además de las dos motos referidas, el concejal Marco Antonio Vidal «encargó a título particular una tercera moto» a la misma mercantil. «Ello podría tildarse de casualidad si no fuera por el precio por el que se encargaron las dos motos destinadas a la Policía Local», siempre según la querella.
El informe, revelado hoy, refuerza las tesis de la querella
presentada por el PP
El secretario municipal del Ayuntamiento de Villajoyosa advirtió al concejal de Policía, Marco Antonio Vidal, de que el procedimiento iniciado por este último para el suministro de las motocicletas no cumplía los trámites de legalidad exigidos por los contratos de administraciones públicas.
Lo hizo a través de un escrito. En el documento, el Secretario advierte que el procedimiento para la compra de esas motocicletas por parte del Ayuntamiento de Villajoyosa está sujeto al Real Decreto 2/2000 de 16 de junio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas (TRLCAP) que se refiere a la compra de bienes muebles.
El Secretario advierte también que el procedimiento de adjudicación debería ser negociado sin publicidad, según regulan varios artículos de la citada ley, solicitando al menos tres ofertas de empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato.
El Jefe del Grupo Municipal Popular, Jaime Lloret, ha afirmado que “este documento, hasta ahora desconocido para nosotros, refuerza más las tesis planteadas en la querella presentada ante el Juzgado por cuanto indica que el secretario municipal sí advirtió al concejal de Policía de la existencia de presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación”.
Los concejales del PP de La Vila Joiosa interpusieron el pasado viernes una querella criminal ante el Juzgado de Instrucción de La Vila contra el alcalde Gaspar Lloret, y el edil de Seguridad Ciudadana Marco Antonio Vidal, por una presunta prevaricación y malversación de caudales públicos.
La querella se fundamenta en la adquisición de dos motocicletas para la Policía Local por encargo del concejal de Seguridad Ciudadana a una mercantil por valor de 25.984 euros, de fecha 15 de octubre. Según consta en la querella, dicha actuación es «a todas luces prevaricadora por carecer del procedimiento administrativo de contratación legalmente establecido y requerido» en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. «Debería haberse tramitado un concurso público o un procedimiento de negociado sin publicidad» dice la querella. Según la denuncia, la actuación administrativa «contó con el conocimiento y coautoría» del alcalde. En la querella se dice que el encargo se hizo «sin previsión o consignación presupuestaria».
La querella dice que además de las dos motos referidas, el concejal Marco Antonio Vidal «encargó a título particular una tercera moto» a la misma mercantil. «Ello podría tildarse de casualidad si no fuera por el precio por el que se encargaron las dos motos destinadas a la Policía Local», siempre según la querella.
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